Amnistía Internacional denuncia que el derecho a una vivienda digna, o derecho al acceso a la salud no tienen las suficientes garantías de protección y son considerados por las administraciones como derechos de segunda categoría. Para la organización, tanto las leyes como las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales, reflejan que estos derechos son tratados como meras prestaciones sociales, lo que se traduce en graves impactos en las vidas de las personas: especialmente para aquellas que no tienen cobertura sanitaria, para personas con enfermedad mental, o para las miles de personas que están sufriendo desalojos forzosos sin ningún tipo de garantías.