La organización ha pedido que se protejan los derechos de los trabajadores ante las concentraciones en demanda de que se levanten las restricciones sobre la creación de sindicatos, se introduzca un salario mínimo adecuado y se vuelva a admitir a los trabajadores despedidos por realizar actividades sindicales. “Las autoridades deben aprovechar este histórico momento de reformas en Egipto y comprometerse a proteger los derechos de los trabajadores en el país”, ha dicho Amnistía Internacional.

“Las legítimas demandas de los manifestantes no son nuevas, pero sí lo es la oportunidad de que las autoridades egipcias cumplan con sus obligaciones y actúen positivamente al respecto.” “Un primer paso sería anular la ley que prohíbe las manifestaciones y permitir la libre actividad de los sindicatos independientes.”

La concentración del domingo está convocada por sindicatos, partidos políticos, grupos de mujeres y organizaciones de derechos humanos, además de los “comités populares para la defensa de la revolución”.

Uno de los desencadenantes de los levantamientos del 25 de enero en Egipto que desembocaron en la caída del ex presidente Mubarak fueron los llamamientos para acabar con la pobreza y las demandas de dignidad y justicia social.

Durante 2010, los trabajadores egipcios del sector público y del privado llevaron a cabo miles de protestas, huelgas y sentadas en las que protestaban por el aumento del coste de la vida y exigían mejores salarios y condiciones laborales.

Pero una nueva ley que entró en vigor el 12 de abril de este año tipifica como delito las manifestaciones y las huelgas, y pone a los manifestantes en peligro de ser encarcelados o multados con elevadas sumas.

La ley número 34 de 2011 dispone pena de cárcel y multa de hasta 50.000 libras egipcias (unos 8.400 dólares estadounidenses) para quien participe o anime a otras personas a participar en una sentada o cualquier otra actividad que impida, retrase o perturbe el trabajo de instituciones o autoridades públicas.

Si se producen actos de violencia o si las protestas causan daños en propiedades públicas o privadas, provocan “la destrucción de medios de producción” o dañan “la unidad nacional y la seguridad y el orden público”, la multa se eleva a 500.000 libras egipcias (unos 84.000 dólares estadounidenses), con pena mínima de un año de cárcel.

Amnistía Internacional ha afirmado que este tipo de disposiciones de redacción tan ambigua vulneran el derecho internacional. El artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que Egipto es Estado Parte, garantiza el derecho a la huelga.

La organización ha declarado que, en aplicación del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las autoridades egipcias también tienen el deber de defender y respetar el derecho de reunión pacífica.

“La adopción de esta ley en un momento en que la gente intenta que se atiendan sus demandas de más derechos humanos y dignidad y se conserven los logros del levantamiento supone un gran revés”, ha dicho Amnistía Internacional.

“La ley no casa con las exigencias de muchos ciudadanos egipcios ni con las obligaciones internacionales del país, y debe ser derogada de inmediato”.