La organización condena estos hechos en un informe que ha sido publicado hoy y en el que se ilustra cómo los hospitales de Bahréin y los centros de salud ya no son refugios seguros para los enfermos o heridos, sino más bien lugares a los que temer y a los que hay motivos suficientes como para no ir.

"Las heridas, especialmente las causadas por la policía y por los efectivos militares, son utilizadas para identificar a las personas que han participado en las protestas y detenerlas. Además, las autoridades de Bahréin están utilizando la negación de atención médica como un instrumento para disuadir a la gente de participar en las manifestaciones", explica Latifa Ayada, coordinador médico de MSF. "Las estructuras de salud se están utilizando como cebo para identificar y detener a los que se atreven a acudir para recibir tratamiento".

Desde que comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los manifestantes el pasado mes de febrero, las estructuras de salud de Bahréin (que en circunstancias normales funcionan bien en términos de materiales e infraestructuras y que cuentan con bastante personal médico especializado) no cubren las necesidades médicas de toda la población. Salmaniya, el único hospital público de referencia en Bahréin, estaba prácticamente vacío cuando hace unos días fue visitado por MSF.

Los heridos ingresados en Salmaniya han explicado a los equipos de MSF que fueron agredidos en el hospital por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes les golpearon incluso sobre sus heridas. Y hay casos de pacientes que han sido detenidos dentro de las instalaciones médicas al considerar las fuerzas de seguridad que sus lesiones estaban relacionadas con las protestas. “Hemos llegado a un punto en el que el riesgo que supone para los pacientes el ir a los hospitales o a los centros de salud es demasiado alto, así que en muchos casos prefieren quedarse sin recibir tratamiento. Hay gente que está muriendo en sus casas y eso es inaceptable”.

El uso del Hospital Salmaniya por parte de los manifestantes como lugar de reunión para sus manifestaciones, su posterior ocupación por las fuerzas armadas, y el hecho de que otros centros de salud y trabajadores sanitarios se hayan convertido en un objetivo militar, han socavado la capacidad de las estructuras de salud para proporcionar una atención médica imparcial.

MSF ha propuesto que se establezca un servicio médico de urgencia en Bahréin, a través del cual los equipos de MSF acompañarían a los pacientes hasta las estructuras sanitarias. Una vez allí se asegurarían de que estos fueran tratados adecuadamente y de que no fueran objeto de detención, así como de que los trabajadores sanitarios pueden llevar a cabo sus funciones de manera segura e imparcial y sin temor a represalias.

Lamentablemente, MSF no ha podido obtener garantías por parte de las autoridades de que los pacientes a los que acompañe no serán considerados un objetivo. "La acción que han tomado los militares de declarar el hospital como un objetivo militar legítimo, y el uso del sistema de salud por parte del aparato de seguridad como una herramienta para identificar y detener a los manifestantes, obstaculiza e ignora por completo el hecho de que todos los pacientes tienen derecho a recibir tratamiento en un lugar seguro, y el hecho de que todo el personal sanitario tiene el deber fundamental de administrar tratamiento y proporcionar atención médica sin hacer ningún tipo de discriminación", explica Christopher Stokes, director general de Médicos Sin Fronteras.

Se deben dar todos los pasos posibles para restablecer el derecho de la población a recibir tratamiento médico sin temor a ser objeto de represalias, especialmente mediante la retirada de los militares del Hospital Salmaniya. Los manifestantes de la oposición deben también garantizar que el hospital no se utilizará más como punto de reunión para las manifestaciones.

MSF desea subrayar también la necesidad y el deber de las autoridades de respetar las normas pertinentes del derecho internacional humanitario, especialmente las relativas a la protección y respeto de las estructuras sanitarias y del personal médico. Estas reglas también se extienden a la protección de los civiles, de los enfermos o heridos, y de los prisioneros. La responsabilidad de restaurar el funcionamiento de los servicios de salud está a día de hoy en manos de las autoridades.

La policía, el ejército y los servicios de inteligencia deben dejar de usar el sistema de salud como un instrumento para reprimir a los manifestantes, y debe permitir que el personal médico regrese a los hospitales para cumplir con su obligación primordial de proporcionar atención médica, independientemente de las afiliaciones políticas o religiosas de los pacientes.