“Empresas que han contratado a ex combatientes en Colombia, otras que han promovido la reconciliación entre comunidades enfrentadas en Bosnia al proporcionarles empleo en igualdad de condiciones al finalizar la guerra, empresas que han creado soportes tecnológicos que facilitan a refugiados y desplazados de Uganda el reencontrarse con sus familias y organizaciones empresariales que han adaptado sus bulldozers para que puedan ser utilizados en el desminado de amplias zonas de cultivo hasta ahora inutilizadas por las guerras en Asia. Estos son algunos de los ejemplos que fueron debatidos hace unos días en las jornadas sobre ‘Empresas y construcción de paz’ organizadas por el Instituto de Innovación Social y la Escuela de Cultura de Paz (UAB). Tras plantearse los importantes riesgos y costes que supone para las empresas operar en estos países, surgieron dos primeras ideas iniciales: la primera es que, cada vez con más frecuencia a tenor de las estadísticas, una parte importante de las operaciones empresariales a escala mundial tiene lugar en países en conflicto o reconstrucción postbélica y la segunda es que son muchas las empresas que, hoy en día, ya han incorporado políticas de derechos humanos, pero pocas aún las que tienen en cuenta la especificidad de operar en este tipo de entornos complejos en sus políticas de RSE.

La asistencia y participación en el debate de numerosas empresas muestra, en todo caso, un creciente interés por este tema en un momento en el que la aportación de capitales privados es equivalente o superior a la ayuda procedente de donantes internacionales en este tipo de países. En todo caso, quedó patente que la empresa, mediante su política de RSE, posee un gran potencial para incentivar la paz desde su esfera de influencia a través, principalmente, de su rol económico pero también del diálogo con los stakeholders y de las alianzas público-privadas. Las cuestiones que se plantearon en la jornada, y que fueron muchas y diversas, recordaban en cierta medida los debates que hace una década, o más, se suscitaban cuando se planteaba a la empresa la necesidad de diseñar e implementar políticas de derechos humanos. Esta idea que es ahora compartida por todos, no lo era entonces y suscitó intensos debates. En todo caso, cuando hablamos del papel del sector privado en la construcción de paz estamos hablando de la necesidad de adaptar las políticas de RSE a estos contextos desde una perspectiva de sensibilidad al conflicto. En realidad, esta cuestión nos permite adivinar lo que será la RSE del siglo XXI cuando actores no estatales, como las empresas, se comprometan más activamente con cuestiones que afectan a la gobernanza mundial, como la paz o la lucha contra la pobreza. Todos sabemos que éste no es un tema menor, como tampoco lo era entonces la cuestión de los derechos humanos. Son una prueba tangible de ello las experiencias empresariales desarrolladas hasta ahora en este ámbito en los cinco continentes.”

Maria Prandi
Instituto de Innovación Social