21 de Octubre de 2010 – Ayer el Congreso de los Diputados aprobó la Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), con el que lamentablemente se continuarán utilizando créditos como herramienta de Ayuda Oficial al Desarrollo. Con ello se da por acabada la reforma de los créditos FAD, después de que el pasado junio se aprobase la Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la empresa española, en la que se creó el Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), mediante el cual también se otorgan créditos, esta vez ligados a bienes y servicios españoles.

Con la creación de estos dos nuevos instrumentos, que continuarán generando deuda en los países empobrecidos, se ha perdido una oportunidad histórica para poner en marcha mecanismos de auditoría de la deuda reclamada, así como de la nueva deuda que se origine, para analizar su legitimidad.
El Gobierno ha desperdiciado también la ocasión de asegurar que fondos públicos destinados a los países del Sur favorezcan efectivamente el desarrollo integral de los pueblos a los que van dirigidos. Para Merche Valls, de la Campaña ¿Quién debe a Quién?, “los mecanismos de evaluación, control, rendición de cuentas y participación de la sociedad civil, del todo necesarios para garantizar que los créditos que se otorguen no provocarán nueva deuda ilegítima, son casi inexistentes y del todo insuficientes”. En efecto, ni en el caso de FONRPODE ni en el de FIEM se establecen los necesarios instrumentos de evaluación ex ante, durante y ex post para todos los proyectos financiados.

Tampoco se dotan los nuevos fondos de suficientes herramientas de control y rendición de cuentas, ni mucho menos mecanismos legales de sanción, que garanticen la total transparencia y la participación de la sociedad civil. Con ello, “se deja la puerta abierta para que el dinero de los contribuyentes se pueda destinar a proyectos en los que se violen los derechos humanos, se fomenten prácticas de soborno, corrupción, fraude y malversación de fondos, o en los que se generen graves impactos económicos, ambientales y sociales, como ocurrió con los viejos créditos FAD”, denuncia Rica García, de la Campaña ¿Quién debe a Quién? y el Observatorio de los Derechos Humanos DESC.

Por todo ello, desde la Campaña ¿Quién debe a quién? denuncian que “con esta supuesta reforma el Gobierno español no ha hecho más que un mero maquillaje de los tan criticados y deslegitimados créditos FAD, y no ha tocado ni una coma del funcionamiento de la cuestionada CESCE”. Para Dani Gómez-Olivé, del Observatorio de la Deuda en la Globalización y de ¿Quién debe a Quién?, “el Gobierno ha faltado al compromiso adoptado en 2006 cuando se aprobó la ley de gestión de la deuda externa y ha fallado en asumir su responsabilidad de impedir y responder a situaciones de endeudamiento insostenible e ilegítimo en los países del Sur”.

Así lo han entendido las más de mil de personas que se han sumado a la propuesta de ¿Quién debe a Quién? y han enviado una carta al Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, pidiéndole que el Gobierno afronte de forma valiente y definitiva el problema de la deuda externa y adopte las medidas propuestas por la sociedad civil. Dicha acción se ha enmarcado en los actos de la IV Semana Global de Acción contra la Deuda y las IFIs, una convocatoria internacional para luchar ante la necesidad de acabar con las cadenas de la deuda. La acción ha supuesto el respaldo de ciudadanos y ciudadanas anónimos a las demandas de la Campaña ¿Quién debe a Quién? durante la recta final de discusión de la Ley FONPRODE. Sin embargo, el Gobierno y los partidos mayoritarios en el Congreso de Diputados han decidido una vez más desoír la voz de la sociedad civil para seguir priorizando sus propios intereses y los de las élites económicas y empresariales del país.

Para ¿Quién debe a Quién? la puesta en marcha de FIEM y FONPRODE supondrá un empeoramiento de la crisis de la deuda en los países del Sur, generando más deudas ilegítimas y contribuyendo a la acumulación de deudas ecológicas y climáticas.
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Carta enviada al Presidente del Gobierno disponible aquí.