Marruecos y el Sáhara Occidental: Derechos pisoteados en medio de protestas, violencia y represión

A primeras horas del 8 de noviembre se produjeron enfrentamientos violentos al proceder las fuerzas de seguridad marroquíes a desmantelar por la fuerza el campamento de jaimas de Gdim Izik, que la población saharaui había levantado a principios de octubre en el desierto, a unos kilómetros de el Aaiún, para protestar por la marginación de que se sentía objeto y por la falta de trabajo y de vivienda adecuada.

En el nuevo informe, titulado Rights Tramped: Protests, Violence and Repression in Western Sahara, se describen una serie de abusos cometidos el 8 de noviembre tanto en el campamento como en El Aaiún. Los enfrentamientos violentos estallaron al desmantelar las fuerzas de seguridad el campamento, pero luego se extendieron a El Aaiún, donde tanto manifestantes saharauis como residentes marroquíes llevaron a cabo ataques, en los que incendiaron viviendas, comercios y edificios públicos. Decenas de saharauis fueron detenidos y golpeados o sometidos a tortura y otros malos tratos.

A causa de la violencia que estalló en el campamento y en El Aaiún, murieron 13 personas: 11 miembros de las fuerzas de seguridad y 2 saharauis. El mayor número de víctimas mortales se produjo durante el desmantelamiento del campamento, en el que murieron nueve miembros de las fuerzas de seguridad a manos de saharauis que opusieron resistencia a la destrucción del campamento en los enfrentamientos y en ataques deliberados. Las circunstancias no están del todo claras, pero representantes de Amnistía Internacional que realizaron una visita de investigación a la zona a finales de noviembre entrevistaron a muchos testigos según los cuales las fuerzas de seguridad golpearon con porras incluso a ancianas para sacarlas de las jaimas y destruir éstas. Más de dos semanas después de los enfrentamientos, algunas personas presentaban todavía lesiones.

Basándose en sus propias investigaciones, Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que es posible que las fuerzas de seguridad marroquíes no estuvieran aplicando una política al hacer uso excesivo de la fuerza para desmantelar el campamento y dispersar a los manifestantes, pero en algunos casos la fuerza utilizada, contra manifestantes que no suponían ninguna amenaza ni oponían ninguna resistencia, fue claramente excesiva.

La noticia de que las fuerzas de seguridad estaban desmantelando el campamento llegó rápidamente a El Aaiún, donde parece que, agravada por informes exagerados sobre muertes de saharauis y brutalidad de las fuerzas de seguridad, provocó protestas violentas de saharauis, que recorrieron la ciudad atacando edificios públicos, bancos, automóviles y otros bienes de ciudadanos marroquíes y de saharauis considerados partidarios de la administración marroquí del Sáhara Occidental. Cuando remitió esta destrucción, se produjo un nuevo estallido de violencia comunal, esta vez de ciudadanos marroquíes que atacaron viviendas, tiendas y otros negocios y bienes saharauis y golpearon a algunos ciudadanos saharauis. Las fuerzas de seguridad estuvieron presentes en algunos de estos ataques dirigidos específicamente contra saharauis y contra viviendas saharauis y no hicieron nada para impedirlos o ayudaron activamente a quienes los llevaban a cabo.

Las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron a hasta 200 saharauis el 8 de noviembre y en los días y semanas siguientes. Sin embargo, hasta la fecha no se ha tenido noticia de ninguna detención ni procesamiento de marroquíes por los ataques contra ciudadanos saharauis y sus viviendas y bienes.

Todos los saharauis entrevistados por Amnistía Internacional explicaron cómo habían sido golpeados, torturados o sometidos a otros malos tratos en el momento de su detención o bajo custodia de las autoridades marroquíes, y la mayoría presentaban cicatrices y heridas visibles, que coincidían con sus testimonios. A pesar de ello, las autoridades marroquíes no han tomado ninguna medida para investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos, como disponen la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratados en los que Marruecos es Estado Parte.

Las autoridades marroquíes tienen la obligación de proteger la seguridad pública y castigar la delincuencia, pero deben hacerlo sin discriminación y teniendo plenamente en cuenta los derechos humanos. En las operaciones de orden público durante manifestaciones, las fuerzas de seguridad no deben hacer uso excesivo de la fuerza, sino utilizar sólo la que sea estrictamente necesaria y proporcionada. Las agresiones a personas bajo custodia y que no supongan ninguna amenaza son siempre ilegítimas y no deben tolerarse.

En el informe de Amnistía Internacional se pone también de relieve que las autoridades marroquíes no informaron a las familias de los detenidos de su paradero, en algunos casos durante dos semanas, lo que constituye una infracción de la legislación marroquí. Sumado a las restricciones de acceso y de información que impusieron las autoridades marroquíes, que ni siquiera permitieron la entrada de periodistas que intentaban informar de lo sucedido en El Aaiún, este hecho causó una angustia indebida a las familias de los detenidos, algunas de las cuales llegaron a temer que los hubieron matado.

Hay más de 130 saharauis procesados por los sucesos del 8 de noviembre. Entre ellos 19 a los que se ha remitido al Tribunal Militar para su enjuiciamiento pese a ser civiles, algunos de los cuales con conocidos activistas políticos saharauis que propugnan la autodeterminación de la población del Sáhara Occidental. Su detención ha hecho aumentar el temor de que las autoridades pretendan implicar a opositores y críticos pacíficos en los sucesos del 8 de noviembre debido a sus opiniones políticas.

Algunos de los acusados comparecieron ante el juez de instrucción sin asistencia letrada, y al parecer algunos tenían marcas visibles de tortura u otros malos tratos y denunciaron estos abusos. Sin embargo, no se ordenó que fueran sometidos a un examen médico, y no se tiene noticia de que se haya iniciado ninguna investigación sobre tales denuncias. Algunas de las personas detenidas afirman que los interrogadores les hicieron firmar con su nombre o su huella dactilar declaraciones que no les permitieron leer, lo que hace temer que, infringiendo el derecho internacional, cuando sean juzgadas se admitan como prueba contra ellas declaraciones obtenidas mediante tortura u otras formas de coacción.

En su informe, Amnistía Internacional formula a las autoridades marroquíes las recomendaciones siguientes:

• - Garantizar que se realizan con prontitud investigaciones judiciales sobre todos los abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos en relación con los sucesos del 8 de noviembre, ya sea investigando judicialmente cada caso o estableciendo una comisión independiente e imparcial de investigación con autoridad para llamar a declarar a testigos, atribuciones de apercibimiento y acceso sin restricciones a toda la información pertinente –incluida la documentación oficial y todas las imágenes y el material de vídeo recogidos el 8 de noviembre sin editar–, y a los centros de detención pertinentes.
• - Garantizar que todos los responsables de agresión, tortura u otros malos tratos y otros ataques contra personas y bienes son procesados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.
• - Garantizar que las personas detenidas tienen oportunidad de contar con la asistencia de abogados de su elección cuando comparezcan ante procuradores de la Corona y jueces de instrucción y en sus vistas judiciales; que los juicios se celebran de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos, velando en particular por que no se admita como prueba en ellos ninguna información obtenida con tortura o coacción, y que no se juzga a civiles ante el Tribunal Militar.

Información complementaria

Las conclusiones del informe están basadas en una visita de investigación que Amnistía Internacional realizó a Marruecos y el Sáhara Occidental entre el 22 de noviembre y el 4 de diciembre de 2010. En el marco de la visita, la organización se reunió con autoridades del gobierno en Rabat y en El Aaiún y entrevistó a familias de saharauis y de miembros de las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos durantes los sucesos, a familiares de detenidos, a personas que estuvieron detenidas, a defensores de los derechos humanos, a abogados y a otras personas.

La condición del Sáhara Occidental, que Marruecos se anexionó controvertidamente en 1975, es una cuestión delicada a los ojos de las autoridades marroquíes, que continúan mostrando poca tolerancia hacia quienes expresan públicamente opiniones en favor de la independencia del territorio. Las autoridades marroquíes continúan teniendo en su punto de mira no sólo a los activistas saharauis que defienden el derecho a la autodeterminación de la población del Sáhara Occidental, sino también a los defensores saharauis de los derechos humanos que vigilan y denuncian las violaciones de derechos humanos que se cometen en la región, los cuales continúan siendo objeto de intimidaciones, hostigamiento, e incluso procesamiento.